Todos los conflictos recientes tienen algo en común: siempre terminan con un reportero de Al Jazeera asesinado, secuestrado o -como ha ocurrido hoy en Egipto- encarcelado después de un juicio farsa. Un tribunal ha impuesto entre siete y diez años de cárcel a Peter Greste, Mohamed Fahmy y Baher Mohamed por «falsificar noticias» y colaborar con el terrorismo. «La única razón» por la que irán a prisión, según un comunicado de Amnistía Internacional, es porque a las autoridades egipcias «no les gusta lo que cuentan y cómo lo cuentan». Las acusaciones eran tan absurdas que la fiscalía llegó a aceptar como pruebas unos reportajes de Sky News Arabia y la BBC británica sobre caballos de carreras y la piratería en Somalia. (Cuento otros detalles un poco más abajo).

 

A nadie debería resultar sorprendente esta durísima condena en un país donde hay entre 16.000 y 40.000 civiles detenidos, según las fuentes, por simples sospechas de colaboración con los Hermanos Musulmanes. Centenares de ellos, entre ellos su líder, han sido condenados ya a muerte. Y otros muchos centenares de supuestos desaparecidos están en realidad siendo torturados en una prisión militar hasta ahora secreta, según desvelaba hace unos días este brillante reportaje de investigación del periódico británico The Guardian: el nuevo régimen de Egipto, bendecido por la mayoría de países occidentales, incluso tiene ya su propio Abu Ghraib.

Objetivo: Al Jazeera

Tampoco es casualidad que los periodistas encarcelados trabajen para Al Jazeera. En la caída de la dictadura de Mubarak la cadena de Qatar tuvo un papel clave, incluso más importante que las redes sociales, entre otras cosas porque en Egipto había entonces muchas más antenas parabólicas para ver la televisión por satélite que teléfonos inteligentes. Desde aquel momento los militares la vieron como una amenaza. Y el temor aumentó después del golpe de estado que derrocó al primer gobierno democráticamente elegido en la historia del país.

Es cierto que Al Jazeera ha dedicado muchos más minutos de información a las revueltas en Libia, Túnez o Egipto que a las que tenían -y tienen- lugar en otra monarquía petrolera del golfo como Bahrein. La evolución de su línea editorial durante estos últimos años da para una tesis doctoral y, de hecho, me consta que hay varias en marcha. Pero también es verdad que  la cadena acumula una lista de agravios casi tan larga como sus aportaciones contra el monopolio informativo que funcionaba en el mundo hasta su irrupción como alternativa árabe.

Lo primero que hizo Estados Unidos antes de iniciar la guerra contra los talibanes en Afganistán fue bombardear las oficinas de Al Jazeera. Ocurrió lo mismo en Bagdad un día antes del ataque sobre el hotel Palestina. Y en Faluya, durante una batalla sangrienta que solo solo ellos retransmitían en directo con todos los matices del horror. Muchos periodistas de la cadena de Qatar se convirtieron en objetivos militares por la línea editorial del medio para el que trabajaban o por las cesiones de sus directores a los intereses del país. Por la misma absurda razón nos podrían haber linchado a todos los periodistas españoles que cubrimos la guerra de Iraq desde Bagdad mientras el gobierno de nuestro país apoyaba la invasión.

Hoy han vuelto a disparar contra Al Jazeera. En esta ocasión el arma es una sentencia judicial tan desproporcionada que añade tres años de prisión al productor Baher Mohamed, de origen egipcio, por la simple posesión de un casquillo (vacío) de bala. Yo mismo conservé uno, disparado en la plaza del Tahrir durante las revueltas contra Mubarak, para mostrarlo en las crónicas de televisión porque era de fabricación reciente y procedencia norteamericana. También me podrían haber condenado. Como a casi todos los reporteros que estábamos allí.

Ilegalizar el periodismo

Ese es el punto central de la cuestión. Que cualquier periodista puede ser el próximo detenido y encarcelado en Egipto. The Guardian titula así una crónica valiente: «Egipto declara que el periodismo es un crimen». Y Ben de Pear, editor de Channel 4, pone el dedo en la llaga: «Como editor de una organización que envía periodistas a Egipto y a otros lugares donde se desarrolla la primavera árabe tengo que pensar seriamente cómo cubrir las historias a partir de ahora. No dejaremos de hacerlo, pero presenta un nuevo riesgo». Victoria. Diez años de cárcel es una amenaza que puede intimidar. E intimida incluso a buenos periodistas.

Australia, Reino Unido y Holanda han llamado a los embajadores egipcios acreditados en sus respectivos países. De momento no hay respuesta oficial desde la Unión Europea. Y los Estados Unidos anunciaron este fin de semana el envío de diez helicópteros Apache al nuevo régimen egipcio. Así que no cabe esperar grandes reacciones de condena. Han vuelto a disparar contra Al Jazeera. Han vuelto a disparar contra la prensa. Y, como es habitual, no pasará nada.